Protección de Derechos Fundamentales (Amparo – Ley 16.986)
Protección de Derechos Fundamentales (Amparo – Ley 16.986)
Nuestro Ministerio Público considera primordial la tarea de promoción, defensa y difusión de Derechos y Garantías expresados en la Constitución Nacional y Provincial.
Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que encarnan la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. Son inalienables, y constituyen una salvaguardia del ciudadano frente al intervencionismo del Estado. Entre estas garantías se encuentra la Acción de amparo, que protege los derechos fundamentales del individuo en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial (excepto la libertad física, que se encuentra protegida por el Hábeas corpus).
En nuestra provincia, (Artículo 379 Código Procesal Civil y Comercial Provincia de La Rioja) procederá contra cualquier acto u omisión de persona o autoridad que restringiere o violare derechos reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, siempre que concurran los siguientes extremos:
1) Que la restricción o violación fuere manifiestamente ilegítima.
2) Que ocasionare un daño grave o irreparable, o la amenaza inminente del mismo.
3) Que no se dispusiere de una vía procesal ordinaria, judicial o administrativa, para obtener oportunamente su reparación.
Entonces, el Amparo es un pedido que se hace al juez para defender derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, tales como:
El derecho a la vida, a la salud, a trabajar, entre otros.
Esta acción solamente se puede iniciar contra actos que afectan o amenazan tus derechos fundamentales y son contrarios a la ley. Además, debe ser evidente que el acto es ilegal o que no tiene fundamentos razonables.
El procedimiento es rápido, atento a la urgencia de las circunstancias y la vulneración ostensible de derechos fundamentales.
Para tener en cuenta: Existen varios organismos que cuentan con asesorías jurídicas gratuitas para atender los requerimiento de los ciudadanos, tales como los colegios de abogados, las universidades públicas y las Defensorías oficiales dependientes del Poder Judicial.