El trabajo de la defensoría con enfoque en Derechos Humanos
Continuamos con el segundo módulo de capacitación de”Ley Micaela” Formación Obligatoria en Género para miembros del MPD organizada por la Secretaria de la Mujer y Diversidad. La capacitación de este martes estuvo a cargo de la Dra. Raquel Martínez Asesora de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar perteneciente a la Defensoría Oficial del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
La profesional especialista en violencia de género desarrolló las nociones básicas sobre perspectiva de género y los protocolos para actuación judicial: orientar las actuaciones de todo el personal judicial desde un enfoque de derechos. El poder judicial debe adecuar respuestas para garantizar el pleno ejercicio de derechos y el acceso igualitario y de calidad al servicio de justicia, señalo la Dra. Martínez
En la oportunidad se trabajó sobre la mirada de la Defensa Pública en los casos de violencia y discriminación contra las mujeres o por razones de género. Entendiendo que la mujer se ha visto desfavorecida en el reconocimiento de derechos, y desplazada del espacio público, según su mirada.
Estrechamente ligada está la idea del feminismo pensado desde una dimensión que combata la filosofía patriarcal; lo cual constituye un transfondo cultural que la Defensa Oficial no debe dejar de considerar en sus actuaciones. La administración de justicia es la primera línea de defensa en la protección de derechos humanos, los cuales incluyen obviamente los derechos de las mujeres.
La disertante propuso revisar la perspectiva androcéntrica (patriarcal) con la cual se ha trabajado en el ámbito judicial y que fue predominante culturalmente.
Colectivos vulnerables. La función principal de la Defensa Pública es trabajar con los colectivos vulnerables; entendiendo la vulnerabilidad como la dificultad para acceder al sistema judicial o al pleno ejercicio de sus derechos. Se señalaron diferencias entre violencia de género y violencia familiar, el uso indebido de estereotipos en las investigaciones de violencia por parte de los operadores judiciales; sus consecuencias negativas para el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Definición de caso sospechoso y el deber judicial de diligenciarlo para evitar la discriminación. “Se debe procurar una escucha activa de los casos que afecten sus interés”, explicó la Dra. Martinez.
